Según la Encuesta Trimestral de Coste Laboral (ETCL) que ha publicado el INE en diciembre de 2008, el coste laboral de las empresas crece un 5,1% en el tercer trimestre respecto al mismo periodo de 2007 y se sitúo en 2.313,92 euros. Mientras que el coste salarial creció un 5,3% y se sitúa en 1.692,62 euros por trabajador.
Es de imaginar que estos datos están formando parte del "diálogo social" entre gobierno, sindicatos y empresarios, que muchos consideran clave para superar la crisis económica. Por ello, puede resultar oportuno reflexionar sobre las llamadas cláusulas de "garantía salarial", que han venido siendo el recurso para asegurar la mejora o mantenimiento del poder adquisitivo de los salarios pactados en acuerdos y convenios colectivos.
Entre los distintos tipos de cláusulas de revisión salarial, la inmensa mayoría garantizan la actualización, en valores absolutos, de la diferencia entre la previsión de inflación tenida en cuenta al pactar el incremento y la inflación real habida en el año respectivo. Generalmente suele establecerse, en la cláusula de revisión, una fórmula o plazo para el pago de las diferencias salariales devengadas a finales de cada año.
Conviene también tener en cuenta la estrecha relación existente entre la cláusula de revisión y la de garantía salarial, dando lugar en algunos convenios incluso a una cierta confusión entre ambos términos, al introducir cláusulas de garantía con un enfoque erróneo, motivado por la no diferenciación en el incremento salarial de los factores que lo deberían componer: el mantenimiento del poder de compra (vía inflación prevista) y la mejora del poder adquisitivo (vía productividad).
Pues bien, ante esta costumbre tan extendida en el “diálogo social” y en el “marco de negociación colectiva” de considerar a la garantía y revisión salarial prácticamente como una "norma incuestionable o innegociable", quizá haya llegado el momento de que se ponga en tela de juicio, o al menos ser objeto de análisis reflexivo, dada la situación crítica, que a estas alturas ya es reconocida sin paliativos, ni eufemismos por todos.
Al respecto, resulta casi inevitable citar algunos estudios económicos de hace ya más de 20 años por parte de Hahneman, Knetsch and Thaler (1986), que demostraban que los trabajadores consideran inadmisible la reducción nominal de su salario excepto en casos de extrema crisis económica. En economías de altos niveles de inflación, los individuos son mas conscientes de su verdadero poder adquisitivo y evalúan la elevación de precios y salarios en términos reales mas que nominales. Sin embargo, esta conciencia sobre lo real y nominal desaparece cuando el nivel de inflación se acerca a cero. Ello se explica porque teóricamente estarían menos preocupados por la inflación, al considerarla que se encuentra en un nivel que provoca un menor impacto o repercusión sobre su poder adquisitivo.
En las circunstancias actuales de nuestra economía, con un IPCA del 0,8 (Índice de preciso al consumo armonizado que ha adelantado el INE en enero de 2009) quizá sea factible plantearse si los trabajadores (sus representantes) podrían aceptar el sacrificio y esfuerzo de asumir una disminución de su salario real a cambio de garantizar los puestos de trabajo, su continuidad y estabilidad y no tanto garantizar el poder adquisitivo. Ello exigiría incrementos salariales en el año 2009 por debajo de la inflación si esta se mantuviera en positivo (aunque fuera menos de un 1%, por ejemplo). Pero en algunos casos extremos habría que llegar a plantearse aceptar una reducción salarial si la inflación llegara a ser negativa (deflación).
Las Administraciones públicas, las empresas y los trabajadores (y sus representantes) no pueden obviar la realidad de que ya no están operando en una economía inflacionista, en la que ha venido siendo práctica habitual el trasladar los incrementos de los costes salariales a los ciudadanos y a los clientes: por ejemplo, a través de la elevación de los impuestos y/o de los precios, sin atender a otras fórmulas menos inmediatas que exigen abordar de forma decidida criterios de productividad y eficiencia para tratar de ajustar los costes de los productos y servicios. En España, todos conocemos muchos ejemplos al respecto en el sector privado y en el público...
Sin embargo, ante un panorama económico de baja inflación (o incluso negativa), las Administraciones y las Empresas ven ya mucho más limitada su capacidad para elevar los impuestos y precios con tanta ligereza como se ha venido hacienda en épocas de bonanza económica. Así que, no nos queda más remedio que arremangarnos y comprometernos en buscar fórmulas y mecanismos de ahorro, de mejora de la productividad, de la eficiencia en el trabajo; y contribuir así a generar valor añadido en lo que hacemos.
En definitiva, partiendo de la hipótesis más que razonable de que estamos ante un escenario económico con baja inflación a corto plazo, en las Administraciones Públicas, las Empresas e incluso las teóricas organizaciones no lucrativas resulta recomendable:
1.-Fomentar los incrementos salariales por encima de la inflación sólo si están directamente relacionados con la mejora real y cuantificable de la productividad y la eficiencia a nivel individual y/o de los equipos de trabajo, que al menos debe traducirse en que cada unidad de producto/servicio necesite menos horas de trabajo y/o que cada hora de trabajo tenga un coste menor, al menos en términos reales.
2.- Evitar en lo posible los incrementos salariales de carácter lineal (a todos por igual, como se ha venido haciendo tradicionalmente en muchas organizaciones, e incluso sectores) puesto que parece que no responden a una verdadera demanda (psicológica y real) de los trabajadores en un contexto de baja inflación y sólo contribuyen a paliar la situación a corto plazo (de forma limitada elevar un poco más el nivel de renta y a dinamizar el consumo familiar y personal), pero no estimulan la mejora efectiva de la productividad, la eficiencia y la competitividad, que es una de las principales claves del crecimiento económico, de la generación de empleo y de un nivel de renta sostenible a medio y largo plazo.
En todo caso, lo más importante es empezar por mentalizarnos de que estamos abocados ya a afrontar la situación económica de recesión (crecimiento negativo), además acompañada de baja inflación o quizá hasta del fantasma de la deflación (inflación negativa). De alguna forma todos somos trabajadores por cuenta propia o ajena y nos va a tocar arrimar el hombro, asumir nuevas actitudes, posturas y compromisos para salvar la crisis a medio y largo plazo. La evolución de nuestros salarios (también la participación en beneficios, aunque no haya sido el objeto de este artículo) ya no pueden estar referenciada a una expectativa o a un porcentaje “innegociable o irrenunciable” a corto plazo; debe primar la orientación a la productividad o no alcanzaremos la competitividad necesaria que permita recuperar nuestro nivel de crecimiento económico sostenido, que es el que permite mantener y generar nuestro empleo y nuestro nivel de vida.
Al respecto, resulta casi inevitable citar algunos estudios económicos de hace ya más de 20 años por parte de Hahneman, Knetsch and Thaler (1986), que demostraban que los trabajadores consideran inadmisible la reducción nominal de su salario excepto en casos de extrema crisis económica. En economías de altos niveles de inflación, los individuos son mas conscientes de su verdadero poder adquisitivo y evalúan la elevación de precios y salarios en términos reales mas que nominales. Sin embargo, esta conciencia sobre lo real y nominal desaparece cuando el nivel de inflación se acerca a cero. Ello se explica porque teóricamente estarían menos preocupados por la inflación, al considerarla que se encuentra en un nivel que provoca un menor impacto o repercusión sobre su poder adquisitivo.
En las circunstancias actuales de nuestra economía, con un IPCA del 0,8 (Índice de preciso al consumo armonizado que ha adelantado el INE en enero de 2009) quizá sea factible plantearse si los trabajadores (sus representantes) podrían aceptar el sacrificio y esfuerzo de asumir una disminución de su salario real a cambio de garantizar los puestos de trabajo, su continuidad y estabilidad y no tanto garantizar el poder adquisitivo. Ello exigiría incrementos salariales en el año 2009 por debajo de la inflación si esta se mantuviera en positivo (aunque fuera menos de un 1%, por ejemplo). Pero en algunos casos extremos habría que llegar a plantearse aceptar una reducción salarial si la inflación llegara a ser negativa (deflación).
Las Administraciones públicas, las empresas y los trabajadores (y sus representantes) no pueden obviar la realidad de que ya no están operando en una economía inflacionista, en la que ha venido siendo práctica habitual el trasladar los incrementos de los costes salariales a los ciudadanos y a los clientes: por ejemplo, a través de la elevación de los impuestos y/o de los precios, sin atender a otras fórmulas menos inmediatas que exigen abordar de forma decidida criterios de productividad y eficiencia para tratar de ajustar los costes de los productos y servicios. En España, todos conocemos muchos ejemplos al respecto en el sector privado y en el público...
Sin embargo, ante un panorama económico de baja inflación (o incluso negativa), las Administraciones y las Empresas ven ya mucho más limitada su capacidad para elevar los impuestos y precios con tanta ligereza como se ha venido hacienda en épocas de bonanza económica. Así que, no nos queda más remedio que arremangarnos y comprometernos en buscar fórmulas y mecanismos de ahorro, de mejora de la productividad, de la eficiencia en el trabajo; y contribuir así a generar valor añadido en lo que hacemos.
En definitiva, partiendo de la hipótesis más que razonable de que estamos ante un escenario económico con baja inflación a corto plazo, en las Administraciones Públicas, las Empresas e incluso las teóricas organizaciones no lucrativas resulta recomendable:
1.-Fomentar los incrementos salariales por encima de la inflación sólo si están directamente relacionados con la mejora real y cuantificable de la productividad y la eficiencia a nivel individual y/o de los equipos de trabajo, que al menos debe traducirse en que cada unidad de producto/servicio necesite menos horas de trabajo y/o que cada hora de trabajo tenga un coste menor, al menos en términos reales.
2.- Evitar en lo posible los incrementos salariales de carácter lineal (a todos por igual, como se ha venido haciendo tradicionalmente en muchas organizaciones, e incluso sectores) puesto que parece que no responden a una verdadera demanda (psicológica y real) de los trabajadores en un contexto de baja inflación y sólo contribuyen a paliar la situación a corto plazo (de forma limitada elevar un poco más el nivel de renta y a dinamizar el consumo familiar y personal), pero no estimulan la mejora efectiva de la productividad, la eficiencia y la competitividad, que es una de las principales claves del crecimiento económico, de la generación de empleo y de un nivel de renta sostenible a medio y largo plazo.
En todo caso, lo más importante es empezar por mentalizarnos de que estamos abocados ya a afrontar la situación económica de recesión (crecimiento negativo), además acompañada de baja inflación o quizá hasta del fantasma de la deflación (inflación negativa). De alguna forma todos somos trabajadores por cuenta propia o ajena y nos va a tocar arrimar el hombro, asumir nuevas actitudes, posturas y compromisos para salvar la crisis a medio y largo plazo. La evolución de nuestros salarios (también la participación en beneficios, aunque no haya sido el objeto de este artículo) ya no pueden estar referenciada a una expectativa o a un porcentaje “innegociable o irrenunciable” a corto plazo; debe primar la orientación a la productividad o no alcanzaremos la competitividad necesaria que permita recuperar nuestro nivel de crecimiento económico sostenido, que es el que permite mantener y generar nuestro empleo y nuestro nivel de vida.
Es tiempo de no apostar más por “el pan para hoy y hambre para mañana”, asumir nuestra responsabilidad e iniciativa, agudizar el ingenio y no dejar "que inventen otros" la fórmula de afrontar nuestra propia crisis económico-financiera.
.JPG)