EL VALOR DE LA ETICA EN EL GOBIERNO Y ADMINISTRACION PUBLICA

Artículo publicado en Boletin nº 5 de la Universidad Pontificia de Comillas-ICADE sobre "Empresa, profesión y economía. La dimensión ética".

Hoy en día se reconoce la existencia de un problema máximo y generalizado en nuestra sociedad: la desconfianza de los ciudadanos en los representantes políticos, en los gobernantes y en los administradores públicos. La ciudadanía es cada vez más sensible a que la actuación de los poderes públicos (en concreto, el poder ejecutivo) sea respetuosa tanto con el espíritu y letra de la ley, como con los principios éticos y valores sociales de su entorno y con la propia herencia cultural y política.

Que el sector público deba responsabilizarse de sus actos no es nuevo y para eso ya existen las leyes y diferentes instituciones y órganos de control en un estado democrático y de derecho; pero además los gobernantes y administradores públicos tienen que mostrar su capacidad para desarrollar un servicio público con clara vocación y orientación al ciudadano e incluso llegar a consolidar principios y valores compartidos, dado que el sector público refleja la ética de la propia sociedad donde aparece y donde está inmerso.

Coloquialmente muchas veces ética y moral se emplean como sinónimos; pero la ética constituye una disciplina filosófica que reflexiona sobre la moralidad de nuestra conducta con la intención de legitimar o deslegitimarla a partir de unos principios compartidos y respetados por cualquier individuo, independientemente de su moral. La ética no es sólo individual porque puede contribuir también a que una sociedad sea más eficiente y responsable. De ahí que el verdadero valor de la ética aplicada en el ámbito público se tenga que centrar básicamente en lo que debe ser y el cómo se deberían implementar las acciones para la integración de los valores de la sociedad en la propia gestión pública.

El “deber ser” en el ámbito público no se circunscribe al nivel institucional y al cumplimiento de la legalidad, sino que alcanza también a los valores sociales, que aunque no lleguen a estar reglamentados en normas jurídicas, vienen a expresar algo más que un estado de opinión, generando incluso reacciones de más o menos aceptación y hasta de rechazo a determinadas conductas y comportamientos corruptos de las organizaciones públicas, de sus empleados y cargos y de los representantes que las gobiernan. De hecho, la corrupción no es sino una de las manifestaciones de la crisis de valores en una sociedad democrática de derecho, que ha venido primando mas los derechos y el relativismo moral, en detrimento del sentido del deber y los principios éticos.

Como han desaparecido o se han transformado muchos valores en nuestra sociedad, va haciéndose patente la necesidad acuciante de reinventarlos e incluso elevarlos a rango de Códigos de conducta. Esta moda por el “buen gobierno” y la “ética neo-codificada” se ha extendido también en el sector público: y así se constata a nivel internacional en un estudio de la propia OCDE (1997) que lleva por título “Managing Government Ethics” y también por organismos como “The Independent Commission for Good Governance in Public Services” (ICGGPS, 2004). En España incluso se ha aprobado un Código de buen gobierno de los miembros del Gobierno y de altos cargos de la Administración General del Estado en España (B.O.E. 3-3-2005) y a partir del Congreso de Poderes Locales y Regionales del Consejo de Europa (CPLRE) se ha continuado con esta inercia aprobándose un “Código Europeo de Conducta” cuya estela se ha seguido por la Federación Española de Municipios y Provincias con el “Código de Buen Gobierno Local” (FEMP, 15-12-2009).

Sin embargo, sobre el “cómo” se deberían implementar las acciones para la integración en la propia gestión pública de los valores de una sociedad, no basta con que una organización pública se responsabilice de sus actos, pues para ello ya existen las leyes e incluso distintos tipos de instrumentos y prácticas de buen gobierno y administración; más relevante es tratar de fundamentar la conciencia social de que existe una responsabilidad que se hace efectiva incluso cuando las leyes o los códigos no lleguen a imponerla en aras de satisfacer a los grupos de interés con los que se relaciona, tanto internos como externos.

En definitiva, todos los Gobiernos y Administraciones, en especial el sector público local por su proximidad a la ciudadanía, no pueden permanecer ajenos a que la sociedad espera y reclama que sus funciones sean ejercidas con voluntad de servicio público, evitando la mala gestión y las posibles actuaciones corruptas e incluso asumiendo conductas ejemplarizantes como es liderar y demostrar un proceder ético, formular un compromiso firme ante los dilemas morales, establecer un sistema de arbitraje en conflictos éticos y acordar para todos estos casos unos criterios de actuación comunes; además de desarrollar unos indicadores de medida que reflejen la ética aplicada en la gestión pública y que permitan rendir cuentas a la sociedad y a los grupos de interés de una forma transparente y responsable sobre cuál está siendo su actuación, no sólo en cuanto al cumplimiento de los tradicionales principios administrativos de legalidad, eficacia y eficiencia, sino también en términos "meta-económicos".