EL VALOR DE LA ETICA EN EL GOBIERNO Y ADMINISTRACION PUBLICA

Artículo publicado en Boletin nº 5 de la Universidad Pontificia de Comillas-ICADE sobre "Empresa, profesión y economía. La dimensión ética".

Hoy en día se reconoce la existencia de un problema máximo y generalizado en nuestra sociedad: la desconfianza de los ciudadanos en los representantes políticos, en los gobernantes y en los administradores públicos. La ciudadanía es cada vez más sensible a que la actuación de los poderes públicos (en concreto, el poder ejecutivo) sea respetuosa tanto con el espíritu y letra de la ley, como con los principios éticos y valores sociales de su entorno y con la propia herencia cultural y política.

Que el sector público deba responsabilizarse de sus actos no es nuevo y para eso ya existen las leyes y diferentes instituciones y órganos de control en un estado democrático y de derecho; pero además los gobernantes y administradores públicos tienen que mostrar su capacidad para desarrollar un servicio público con clara vocación y orientación al ciudadano e incluso llegar a consolidar principios y valores compartidos, dado que el sector público refleja la ética de la propia sociedad donde aparece y donde está inmerso.

Coloquialmente muchas veces ética y moral se emplean como sinónimos; pero la ética constituye una disciplina filosófica que reflexiona sobre la moralidad de nuestra conducta con la intención de legitimar o deslegitimarla a partir de unos principios compartidos y respetados por cualquier individuo, independientemente de su moral. La ética no es sólo individual porque puede contribuir también a que una sociedad sea más eficiente y responsable. De ahí que el verdadero valor de la ética aplicada en el ámbito público se tenga que centrar básicamente en lo que debe ser y el cómo se deberían implementar las acciones para la integración de los valores de la sociedad en la propia gestión pública.

El “deber ser” en el ámbito público no se circunscribe al nivel institucional y al cumplimiento de la legalidad, sino que alcanza también a los valores sociales, que aunque no lleguen a estar reglamentados en normas jurídicas, vienen a expresar algo más que un estado de opinión, generando incluso reacciones de más o menos aceptación y hasta de rechazo a determinadas conductas y comportamientos corruptos de las organizaciones públicas, de sus empleados y cargos y de los representantes que las gobiernan. De hecho, la corrupción no es sino una de las manifestaciones de la crisis de valores en una sociedad democrática de derecho, que ha venido primando mas los derechos y el relativismo moral, en detrimento del sentido del deber y los principios éticos.

Como han desaparecido o se han transformado muchos valores en nuestra sociedad, va haciéndose patente la necesidad acuciante de reinventarlos e incluso elevarlos a rango de Códigos de conducta. Esta moda por el “buen gobierno” y la “ética neo-codificada” se ha extendido también en el sector público: y así se constata a nivel internacional en un estudio de la propia OCDE (1997) que lleva por título “Managing Government Ethics” y también por organismos como “The Independent Commission for Good Governance in Public Services” (ICGGPS, 2004). En España incluso se ha aprobado un Código de buen gobierno de los miembros del Gobierno y de altos cargos de la Administración General del Estado en España (B.O.E. 3-3-2005) y a partir del Congreso de Poderes Locales y Regionales del Consejo de Europa (CPLRE) se ha continuado con esta inercia aprobándose un “Código Europeo de Conducta” cuya estela se ha seguido por la Federación Española de Municipios y Provincias con el “Código de Buen Gobierno Local” (FEMP, 15-12-2009).

Sin embargo, sobre el “cómo” se deberían implementar las acciones para la integración en la propia gestión pública de los valores de una sociedad, no basta con que una organización pública se responsabilice de sus actos, pues para ello ya existen las leyes e incluso distintos tipos de instrumentos y prácticas de buen gobierno y administración; más relevante es tratar de fundamentar la conciencia social de que existe una responsabilidad que se hace efectiva incluso cuando las leyes o los códigos no lleguen a imponerla en aras de satisfacer a los grupos de interés con los que se relaciona, tanto internos como externos.

En definitiva, todos los Gobiernos y Administraciones, en especial el sector público local por su proximidad a la ciudadanía, no pueden permanecer ajenos a que la sociedad espera y reclama que sus funciones sean ejercidas con voluntad de servicio público, evitando la mala gestión y las posibles actuaciones corruptas e incluso asumiendo conductas ejemplarizantes como es liderar y demostrar un proceder ético, formular un compromiso firme ante los dilemas morales, establecer un sistema de arbitraje en conflictos éticos y acordar para todos estos casos unos criterios de actuación comunes; además de desarrollar unos indicadores de medida que reflejen la ética aplicada en la gestión pública y que permitan rendir cuentas a la sociedad y a los grupos de interés de una forma transparente y responsable sobre cuál está siendo su actuación, no sólo en cuanto al cumplimiento de los tradicionales principios administrativos de legalidad, eficacia y eficiencia, sino también en términos "meta-económicos".

2011-2012: España no cambiará de la noche a la mañana

Vamos a tener que seguir en 2012 bajo la presión de la urgencia tras un 2011 que podemos considerar despilfarrado. Basta con cuantificar el tiempo transcurrido entre la pre-campaña, la campaña, las elecciones y el período de puesta en marcha del Gobierno de Rajoy, que ya no ha tenido casi ni una Nochebuena que disfrutar. En vísperas de Nochevieja, el nuevo Gobierno no ha podido aún desembarazarse de la herencia recibida, teniendo que acometer vía decreto-ley una prórroga "automática" del ejercicio 2011, que sólo permite algunas modificaciones urgentes que se convalidarán parlamentariamente después de Reyes.

Este primer ajuste del presupuesto prorrogado viene marcado por nuestro compromiso inmediato de reducción del déficit público adquirido ante nuestros socios europeos; lo que implica ineludibles subidas temporales en el impuesto sobre los tramos más altos de renta (I.R.P.F.) y en el impuesto sobre bienes inmuebles (I.B.I) y una austera gestión del gasto público (congelación del sueldo de funcionarios, reducción de partidas para subvenciones a agentes sociales y económicos, con la única revalorización prevista para adecuar las pensiones al incremento de los precios). Y es que como Rajoy adelantó en su discurso de investidura: España tiene que equilibrar sus ingresos y gastos para poder ahorrar en 2012 y paliar el déficit público del 2011; el cual encima va a ser muy superior al previsto: el 8% y no el 6% del P.I.B.

Sin embargo, no bastará con estas medidas de ajuste por decreto-ley antes de la Nochevieja 2011 pues no son más que el inicio de un Añonuevo que alumbrara en poco tiempo un Presupuesto que permita abordar decidamente las necesarias reformas de política económica y fiscal para España; que además no se podrán ceñir a un solo ejercicio, sino atender a un horizonte mucho mayor y complejo que nos vienen apuntando desde Europa hace tiempo y que todos los españoles, de arriba y abajo, de izquierda a derecha y pasando por el centro, ya estamos viendo delante de una manera más que manifiesta.

Con todo, y por si alguno aún estuviera despistado, el nuevo ministro de Economía, Luis de Guindos, no ha dudado en volver a trazarnos el sombrío panorama de la economía española en el último trimestre de 2011 y el previsible en el primero del 2012: una nueva recesión en un país que ya tiene cinco millones de desempleados. España no cambiará de la noche a la mañana, pero si puede volver a confiar en sus propias capacidades y en su espíritu de superación para crecerse ante la adversidad: Tenemos un 2012 por delante en el que comenzar a levantarnos, despúes de unas dolorosas caidas en estos últimos años, muy especialmente la de nuestro record historico de desempleaos en 2011.

Por eso es prioritario compartir objetivos en el sector privado y en el público: trabajar, trabajar y trabajar para cotizar, cotizar y cotizar; y al mismo tiempo ahorrar, ahorrar y ahorrar para poder invertir, invertir, invertir; y alguna cosa más (como no endeudarse y pagar más intereses sin cabeza) para seguir generando riqueza y oportunidades de salir adelante y recuperar el bienestar al que aspiramos en nuestra vida: cuantos más mejor, y si es antes mejor que después.