Hoy nuestra Constitución cumple 33 años de vida, y más allá de la casualidad del número capicua y evangélico, a lo largo de su vida pública ha sido objeto sólo de dos grandes reformas, coincidiendo con dos verdaderas encrucijadas europeizantes para España.
La primera reforma de la Constiución de 1978 se produjo el 27 de agosto de 1992 y estuvo fundada en las previsiones del Tratado de la Unión Europea firmado en Maastricht. Aquella reforma fue eminentemente política porque afectó al artículo 13, apartado 2, de nuestra Constitución reconociendo el derecho de sufragio «pasivo» en las elecciones municipales a los ciudadanos europeos residentes en España, y al resto de los extranjeros a los que por tratado o ley se les reconozca atendiendo a criterios de reciprocidad. La tramitación de esta primera reforma constitucional fue muy rápida y sin que nadie entonces solicitase la realización de un referéndum.
En este último año el Parlamento español ha aprobado una segunda reforma parcial de la Constitución de mucho mayor carácter económico, introduciendo el «principio de estabilidad presupuestaria» en su artículo 135, que aunque ya formaba parte de nuestro ordenamiento jurídico, ahora se eleva su rango normativo al nivel Constitucional. El «principio de estabilidad presupuestaria» viene acompañado de la obligación de dar «prioridad absoluta» a los gastos presupuestarios destinados a la atención del «pago de la deuda pública» de España, aplicando una política económica y presupuestaria que respete los «márgenes» de «déficit estructural acordados en la Unión Europea». Todo ello obliga a que las leyes y los actos de gobierno respeten esas previsiones y se sujeten a esos principios, salvo en casos y circunstancias «extraordinarias» y graves «apreciadas por la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados».
Pero esta segunda reforma constitucional que han acordado las Cortes Generales, al igual que el camino emprendido por Alemania, Francia, Italia y otros países de la zona euro en sus respectivos ordenamientos constitucionales, es consecuencia y reflejo del compromiso de España con el euro, y con la gobernanza económica de Europa, que requiere una armonización de normas y de culturas constitucionales en el ámbito de la sostenibilidad de las finanzas públicas. Hoy en la Unión Europea se está gestando un Gobierno económico común, para dirigir la política fiscal y presupuestaria en la zona euro, que puede pasar por una inminente reforma de los tratados. La unidad monetaria de Europa no es suficiente.
A futuro es preciso avanzar hacia una auténtica unidad económica, lo que supone unidad presupuestaria y fiscal. El reto de la política europea en el corto plazo es salvar el euro. Las medidas de urgencia hasta ahora aplicadas no bastan para salvar la moneda única; entre ellas: la de acudir a la ayuda del Fondo Monetario Internacional y del Banco Central Europeo, el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera o la compra de bonos por el BCE... Sin embargo, aún existe en Europa una tensión latente entre primar la "disciplina" o la "solidaridad".
Francia (Sarkozy) acepta que haya una mayor disciplina fiscal, la revisión de los presupuestos nacionales por Bruselas y sanciones más duras y rápidas para los países que violen las reglas. Pero a cambio quiere más solidaridad financiera y la puesta en marcha los eurobonos, aunque se pliega a Alemania (Merkel) y admite que el Banco Central Europeo debe ser independiente y decidir cuándo y cómo actuar. Alemania (Merkel) insiste en la austeridad, en la disciplina y en un pacto fiscal, la creación de un supercomisario europeo con poderes especiales, sanciones contundentes a los paises incumplidores eincluso la posibilidad de acudir al tribunal de justicia de la UE, junto a más control de las instituciones europeas.
Por eso, las negociaciones continúan en París pero también en Bruselas y el resto de capitales europeas, pasando por Marsella, donde el miércoles 9 de diciembre vuleve a ser una fecha crucial. La posibilidad de reformar el Tratado está sobre la mesa, pero su proceso sería largo y requeriría la unanimidad de los Veintisiete, un camino peligroso de seguir vistos algunos fracasos recientes como el intento de Constitución. Así que cobra fuerza la posibilidad de introducir los cambios para la zona euro a través de un protocolo cuyo procedimiento de aprobación sería más sencillo. Para el presidente de la UE, Herman van Rompuy, el reto de la cumbre está claro. "Que haya una modificación o no del tratado, las dos soluciones exigen un sacrificio de soberanía para obtener a cambio la credibilidad para la unión económica y monetaria".
En todo caso, la Unión Europea no avanzará si no lo hacen todos sus miembros, y si ellos no crean las condiciones objetivas políticas, jurídicas, económicas y constitucionales en el seno de cada país. La reforma constitucional del artículo 135 se anticipa en esta dirección. Con ella España ha pretendido lanzar un mensaje de solvencia y de confianza y una clara apuesta por volver a emprender un camino europeizante. Se trata de un compromiso con la construcción de más Europa y que es consecuente con asumir un cambio de nuestra trayectoria de desequibrios económicos recientes (paro, estancamiento y endeudamiento).
Nuestra segunda reforma constitucional de alguna forma vuelve a formalizar un "reconocimiento de deuda" y un "compromiso de pago y de disciplina a futuro", que indudablemente tendrá también que venir acompañado de una nueva "asunción de riesgos compartidos" y un "compromiso de participación solidaria" en un nuevo proyecto europeo común, que ya es evidente que está en crisis y necesitado de reformas, que no afectan sólo a los "piigs" (Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España) y que deben ir más allá de la salvación de la moneda única.
La primera reforma de la Constiución de 1978 se produjo el 27 de agosto de 1992 y estuvo fundada en las previsiones del Tratado de la Unión Europea firmado en Maastricht. Aquella reforma fue eminentemente política porque afectó al artículo 13, apartado 2, de nuestra Constitución reconociendo el derecho de sufragio «pasivo» en las elecciones municipales a los ciudadanos europeos residentes en España, y al resto de los extranjeros a los que por tratado o ley se les reconozca atendiendo a criterios de reciprocidad. La tramitación de esta primera reforma constitucional fue muy rápida y sin que nadie entonces solicitase la realización de un referéndum.
En este último año el Parlamento español ha aprobado una segunda reforma parcial de la Constitución de mucho mayor carácter económico, introduciendo el «principio de estabilidad presupuestaria» en su artículo 135, que aunque ya formaba parte de nuestro ordenamiento jurídico, ahora se eleva su rango normativo al nivel Constitucional. El «principio de estabilidad presupuestaria» viene acompañado de la obligación de dar «prioridad absoluta» a los gastos presupuestarios destinados a la atención del «pago de la deuda pública» de España, aplicando una política económica y presupuestaria que respete los «márgenes» de «déficit estructural acordados en la Unión Europea». Todo ello obliga a que las leyes y los actos de gobierno respeten esas previsiones y se sujeten a esos principios, salvo en casos y circunstancias «extraordinarias» y graves «apreciadas por la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados».
Pero esta segunda reforma constitucional que han acordado las Cortes Generales, al igual que el camino emprendido por Alemania, Francia, Italia y otros países de la zona euro en sus respectivos ordenamientos constitucionales, es consecuencia y reflejo del compromiso de España con el euro, y con la gobernanza económica de Europa, que requiere una armonización de normas y de culturas constitucionales en el ámbito de la sostenibilidad de las finanzas públicas. Hoy en la Unión Europea se está gestando un Gobierno económico común, para dirigir la política fiscal y presupuestaria en la zona euro, que puede pasar por una inminente reforma de los tratados. La unidad monetaria de Europa no es suficiente.
A futuro es preciso avanzar hacia una auténtica unidad económica, lo que supone unidad presupuestaria y fiscal. El reto de la política europea en el corto plazo es salvar el euro. Las medidas de urgencia hasta ahora aplicadas no bastan para salvar la moneda única; entre ellas: la de acudir a la ayuda del Fondo Monetario Internacional y del Banco Central Europeo, el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera o la compra de bonos por el BCE... Sin embargo, aún existe en Europa una tensión latente entre primar la "disciplina" o la "solidaridad".
Francia (Sarkozy) acepta que haya una mayor disciplina fiscal, la revisión de los presupuestos nacionales por Bruselas y sanciones más duras y rápidas para los países que violen las reglas. Pero a cambio quiere más solidaridad financiera y la puesta en marcha los eurobonos, aunque se pliega a Alemania (Merkel) y admite que el Banco Central Europeo debe ser independiente y decidir cuándo y cómo actuar. Alemania (Merkel) insiste en la austeridad, en la disciplina y en un pacto fiscal, la creación de un supercomisario europeo con poderes especiales, sanciones contundentes a los paises incumplidores eincluso la posibilidad de acudir al tribunal de justicia de la UE, junto a más control de las instituciones europeas.
Por eso, las negociaciones continúan en París pero también en Bruselas y el resto de capitales europeas, pasando por Marsella, donde el miércoles 9 de diciembre vuleve a ser una fecha crucial. La posibilidad de reformar el Tratado está sobre la mesa, pero su proceso sería largo y requeriría la unanimidad de los Veintisiete, un camino peligroso de seguir vistos algunos fracasos recientes como el intento de Constitución. Así que cobra fuerza la posibilidad de introducir los cambios para la zona euro a través de un protocolo cuyo procedimiento de aprobación sería más sencillo. Para el presidente de la UE, Herman van Rompuy, el reto de la cumbre está claro. "Que haya una modificación o no del tratado, las dos soluciones exigen un sacrificio de soberanía para obtener a cambio la credibilidad para la unión económica y monetaria".
En todo caso, la Unión Europea no avanzará si no lo hacen todos sus miembros, y si ellos no crean las condiciones objetivas políticas, jurídicas, económicas y constitucionales en el seno de cada país. La reforma constitucional del artículo 135 se anticipa en esta dirección. Con ella España ha pretendido lanzar un mensaje de solvencia y de confianza y una clara apuesta por volver a emprender un camino europeizante. Se trata de un compromiso con la construcción de más Europa y que es consecuente con asumir un cambio de nuestra trayectoria de desequibrios económicos recientes (paro, estancamiento y endeudamiento).
Nuestra segunda reforma constitucional de alguna forma vuelve a formalizar un "reconocimiento de deuda" y un "compromiso de pago y de disciplina a futuro", que indudablemente tendrá también que venir acompañado de una nueva "asunción de riesgos compartidos" y un "compromiso de participación solidaria" en un nuevo proyecto europeo común, que ya es evidente que está en crisis y necesitado de reformas, que no afectan sólo a los "piigs" (Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España) y que deben ir más allá de la salvación de la moneda única.
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Y como el mismo día de nuestra Constitución tuve oportunidad de escuchar al Alcalde de Alcobendas hay que proclamar un mensaje de esperanza en el futuro de España: “Somos una gran nación capaz de superar graves dificultades y seguir adelante”
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