Hace unos días el Consejo de Ministros aprobaba una polémica reforma de la financiación autonómica, mientras el ministro Chaves sostiene que aún no tocara hablar de financiación local hasta el 2011, aplazando atender si quiera a las causas de su necesidad o urgencia. No hay que detenerse mucho en los síntomas evidentes de "enfermedad crónica" que ya apuntaban algunos indicadores hace un año: su déficit alcanzó el 0,39% del PIB, mientras que la deuda financiera viva ascendía a un 2,9% del PIB en 2008.
¿A qué puede responder esta asfixia financiera de muchas Entidades Locales? Sin duda, obedece a la propia recesión de la actividad económica, que ha dado lugar a un desplome de los ingresos tributarios y de los vinculados al desarrollo urbanístico municipal, así como al incremento en paralelo de muchas partidas de gasto –como las asociadas al desempleo o a la asistencia social –. La situación además se agudiza con la crisis de acceso al crédito por parte de las entidades financieras y el margen razonable de presión fiscal aplicable sobre la sociedad.
Aparte de esta difícil coyuntura económica actual, la asfixia financiera local se debe a un arraigado déficit estructural de transparencia y responsabilidad propia y también solidaria en la gestión competencial de todas las Administraciones: Estado, CCAA. y Locales.
Muchas competencias sanitarias y educativas anteayer estatales, transferidas ayer a las CCAA., hoy son asumidas por los municipios. Actualmente sólo un 6% de lo que se recauda en nuestro país es ingresado en las Haciendas Locales. Pero la propia FEMP aporta un indicador también demoledor: un 30% del gasto local se destina a competencias de otras Administraciones y su financiación no es del todo transparente, ni responsable ante los contribuyentes y destinatarios finales de su gestión: los ciudadanos y agentes económicos. Y ello a pesar de que en nuestro ordenamiento jurídico existen órganos que teóricamente son competentes sobre el control de la gestión del sector público; entre ellos, el órgano supremo es el Tribunal de Cuentas (art. 136 CE), que sobre las Entidades Locales ha puesto de manifiesto, entre otras cosas, que el “control financiero no se ejerce en la mayoría” de un total de 8.112 municipios -aparte de otras entidades locales en España-.
Todo ello viene a evidenciar que a legislación es un elemento más y no siempre el más útil, ni siquiera en el sector público, aunque existan tribunales encargados de tutelar su cumplimiento o incluso quienes puedan “flexibilizar” su aplicación ante una determinada coyuntura económica de crisis (caso del actual déficit público local). No queda mucho margen para “el debate entre la voluntariedad y obligatoriedad” . Quizá más que normas, se requiere voluntad de asumir modelos de transparencia y de responsabilidad corporativa global desde el nivel local. Resulta ya crucial innovar y asumir una gestión de los recursos públicos mucho más transparente y responsable, empezando por los municipios, el nivel competencial mas próximo a la sociedad.
El sector público local debe asumir el reto de practicar una mejor rendición de cuentas de los "outputs" obtenidos y los "inputs" consumidos en su gestión, independientemente de que exista o no una contraprestación económica, abundando en la información de la rentabilidad económico-financiera y también abordando la rentabilidad social y medioambiental, medidas incluso de forma comparativa, en términos estáticos y dinámicos, tanto en el tiempo, como en el espacio, cualquiera que sea la naturaleza, la competencia o responsabilidad de los servicios que prestan las Entidades Locales: puros o comercializables, propios o impropios... "Cada palo debe aguantar su vela, o unos por otros el barco acabará dejando de navegar".
¿A qué puede responder esta asfixia financiera de muchas Entidades Locales? Sin duda, obedece a la propia recesión de la actividad económica, que ha dado lugar a un desplome de los ingresos tributarios y de los vinculados al desarrollo urbanístico municipal, así como al incremento en paralelo de muchas partidas de gasto –como las asociadas al desempleo o a la asistencia social –. La situación además se agudiza con la crisis de acceso al crédito por parte de las entidades financieras y el margen razonable de presión fiscal aplicable sobre la sociedad.
Aparte de esta difícil coyuntura económica actual, la asfixia financiera local se debe a un arraigado déficit estructural de transparencia y responsabilidad propia y también solidaria en la gestión competencial de todas las Administraciones: Estado, CCAA. y Locales.
Muchas competencias sanitarias y educativas anteayer estatales, transferidas ayer a las CCAA., hoy son asumidas por los municipios. Actualmente sólo un 6% de lo que se recauda en nuestro país es ingresado en las Haciendas Locales. Pero la propia FEMP aporta un indicador también demoledor: un 30% del gasto local se destina a competencias de otras Administraciones y su financiación no es del todo transparente, ni responsable ante los contribuyentes y destinatarios finales de su gestión: los ciudadanos y agentes económicos. Y ello a pesar de que en nuestro ordenamiento jurídico existen órganos que teóricamente son competentes sobre el control de la gestión del sector público; entre ellos, el órgano supremo es el Tribunal de Cuentas (art. 136 CE), que sobre las Entidades Locales ha puesto de manifiesto, entre otras cosas, que el “control financiero no se ejerce en la mayoría” de un total de 8.112 municipios -aparte de otras entidades locales en España-.
Todo ello viene a evidenciar que a legislación es un elemento más y no siempre el más útil, ni siquiera en el sector público, aunque existan tribunales encargados de tutelar su cumplimiento o incluso quienes puedan “flexibilizar” su aplicación ante una determinada coyuntura económica de crisis (caso del actual déficit público local). No queda mucho margen para “el debate entre la voluntariedad y obligatoriedad” . Quizá más que normas, se requiere voluntad de asumir modelos de transparencia y de responsabilidad corporativa global desde el nivel local. Resulta ya crucial innovar y asumir una gestión de los recursos públicos mucho más transparente y responsable, empezando por los municipios, el nivel competencial mas próximo a la sociedad.
El sector público local debe asumir el reto de practicar una mejor rendición de cuentas de los "outputs" obtenidos y los "inputs" consumidos en su gestión, independientemente de que exista o no una contraprestación económica, abundando en la información de la rentabilidad económico-financiera y también abordando la rentabilidad social y medioambiental, medidas incluso de forma comparativa, en términos estáticos y dinámicos, tanto en el tiempo, como en el espacio, cualquiera que sea la naturaleza, la competencia o responsabilidad de los servicios que prestan las Entidades Locales: puros o comercializables, propios o impropios... "Cada palo debe aguantar su vela, o unos por otros el barco acabará dejando de navegar".
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